La expropiación petrolera marca un hito de un pasado que va más allá de los libros de historia y entenderlo es fundamental para el futuro energético del país.

El pasado 18 de marzo, se conmemoró la expropiación petrolera de 1938 en México. Uno de los hitos de la historia del siglo XX de México, una parte fundamental de la historia económica y energética del país no se puede entender sin la expropiación del petróleo y la creación de PEMEX.

Antes de 1938, el sector petrolero mexicano estaba mayormente bajo el control de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, una subsidiaria de la Royal Dutch/Shell Company, que generaba más del 60% de la producción nacional. Además, había presencia significativa de compañías estadounidenses como Jersey Standard y Standard Oil Company of California (SOCAL, actualmente Chevron), que representaban alrededor del 30% del total de la producción petrolera en México. 

La industria petrolera mexicana controlada por compañías extranjeras generó malestar social debido a la repatriación de los beneficios petroleros y a las disputas laborales por salarios injustos. Los trabajadores se organizaron en sindicatos para exigir sus derechos más básicos, como jornadas de 40 horas semanales y equiparación de salarios. El estallido de la huelga de 1937, obligó al gobierno a actuar.

Los cambios constitucionales de hace dos décadas plantean un escenario diferente. En el Artículo 27 de la Constitución de 1917, el Gobierno mexicano estableció su propiedad sobre el “subsuelo”, abarcando todos los recursos naturales descubiertos bajo la superficie, incluyendo el petróleo. En 1938, el presidente Lázaro Cárdenas decretó la nacionalización de los activos petroleros extranjeros. 

Los acuerdos para indemnizar a las empresas estadounidenses y británicas no se dieron hasta 1942 y 1947, en los cuales se acordó compensar con $29 millones de dólares a las compañías americanas que, presionadas por el gobierno estadounidense en el marco de la 2a Guerra Mundial, tuvieron que aceptar los acuerdos. Las empresas británicas esperaron hasta el final del conflicto y acordaron la indemnización de $130 millones de dólares.

En el proceso, México experimentó un embargo económico promovido principalmente por Gran Bretaña. En un principio, las exportaciones del crudo cayeron hasta un 50%. Fue a través de un intermediario, la empresa petrolera Davis Oil Company de Estados Unidos, que tenía refinerías en Europa, que México comenzó a exportar petróleo a Alemania. 

Estados Unidos, que no había intervenido a favor de sus empresas nacionales, entendiendo que tras el inicio de la guerra, necesitaría de importar petróleo para su propio abastecimiento y así mismo, mantener a México alineado a su causa, obligó a sus empresas nacionales a llegar a un acuerdo con el gobierno mexicano.

Desde entonces, PEMEX ha sido un símbolo de orgullo nacional y de soberanía energética, así como una fuente de controversia por su historial de corrupción. En México, algunas entidades públicas han probado no ser las más rentables ni las mejor administradas. 

Saudi Aramco, el gigante energético, es una empresa propiedad del estado que cotiza en bolsa y que ha formado alianzas en el pasado con empresas como Texaco y tienen la propiedad de la refinería más grande de Texas. Es la empresa más rentable del mundo, por arriba de Apple y Google y paga el 50% de sus ingresos al gobierno de Arabia Saudita en forma de regalías, impuestos y dividendos. Podemos afirmar que es un modelo híbrido de una empresa pública que mantiene su rentabilidad como una empresa privada.

La expropiación de bienes energéticos es, por un lado, un tema de soberanía nacional y por el otro, un tema de interés público. En la actualidad, un proceso similar llevaría consigo litigios de arbitraje e implicaciones diplomáticas de gran calado. Es un tema que causa incertidumbre, pues desalienta a las inversiones privadas. Y el máximo interés público es precisamente la certidumbre y la prosperidad que la seguridad del entorno conlleva.

El mundo ha cambiado de tal forma que, diversos entes públicos y privados, representan diferentes intereses, que no necesariamente son contrapuestos. Los intereses de las empresas energéticas y de los gobiernos están condicionados a entenderse y llegar a acuerdos, con la premisa de que cada uno representa intereses distintos. Un equilibrio es necesario, para que ambas partes puedan prosperar e impulsar el crecimiento.