El pasado 18 de marzo, México conmemoró el aniversario de la Expropiación Petrolera. Un hecho histórico que no está exento de controversia en el contexto actual: por un lado, nos plantea la vigencia del discurso energético nacionalista; y por el otro, la liberalización del sector energético y su privatización. Ambas posturas históricamente se han asumido como opuestas e incompatibles. ¿México podrá conciliar ambas posturas para asegurar su futuro energético?

El debate público durante los últimos 30 años planteó el fracaso del nacionalismo energético y del servicio público de la energía. En el centro de este debate, se argumentó la falta de capacidad del estado para suplir la demanda. Por lo tanto, el discurso de la soberanía nacional perdió relevancia frente a la asequibilidad y competitividad en el sector energético. En este sentido, las energías renovables se convirtieron en el eje de legitimación de ideas a favor de la liberalización del sector.

Generación de electricidad renovable por fuente (no combustible), México 1990–2020 (GWh).

La ley del Servicio Público de Electricidad en 1992 permitió una apertura parcial a los productores particulares, para autosuministro o cogeneración, sin entrar en el sistema eléctrico. Este fue el antecedente para la modificación del contexto energético. 

Posteriormente, la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética de 2008 incorporó por primera vez las energías renovables en el mix eléctrico nacional. Con ello, se implementó un modelo híbrido de comprador único que permite a los generadores privados generar energía para su propio uso o venderla a empresas estatales.

La liberalización parcial del mercado energético provocó que, de 2000 a 2008, la capacidad instalada de los productores privados creciera del 10.7% al 35.2%. Este giro hacia la privatización trajo consigo un desequilibrio en las operaciones técnicas y financieras de los servicios públicos. A la par, la creciente demanda de electricidad se satisfizo con un consumo creciente de gas natural producido en el país e importado de los Estados Unidos.

Generación de electricidad por fuente, México 1990–2020 (GWh).

En 2013, México modificó la constitución para permitir la participación parcial del sector privado en la industria energética. Luego se introdujeron la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Transición Energética en 2014, para introducir cambios en el sector eléctrico, incluida la separación de los monopolios estatales, la inversión extranjera en toda la cadena de producción y el establecimiento de un mercado mayorista.

Si bien el gobierno aún conserva la responsabilidad del servicio público de transmisión y distribución de electricidad, las empresas privadas pueden participar en la instalación, administración y expansión del sistema. Y como parte fundamental de esta participación, se encuentran las energías renovables.

La administración de Andrés Manuel López Obrador optó por un viraje a la tendencia de liberalización del sector energético. En la contrarreforma y el cambio de discurso, se reintegra como eje del debate público, la soberanía energética como una interpretación opuesta a la dependencia externa de un sector que pasa a ser estratégico y de interés nacional.  En este sentido, las energías renovables como fuerza del mercado, se ven frenadas ante el replanteamiento del modelo privatizador.

 

El contexto de la invasión de Rusia a Ucrania, puso en relieve el sentido de este replanteamiento: el sector energético es demasiado importante como para permanecer solamente en manos privadas. Lo vimos en el caso de la nacionalización de empresas energéticas en Alemania, Francia y Reino Unido. 

México tiene la oportunidad de conciliar ambas fuerzas: mantener como eje de interés nacional el suministro y crecimiento energético, a la par de facilitar el acceso a las empresas privadas que empujen el sector a través de la competitividad y la innovación.